La Ley Orgánica 1/2025, del 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha implementado modificaciones importantes en el campo del derecho procesal civil en España, con el objetivo de optimizar la eficacia del sistema judicial. Una de las más destacables es la obligatoriedad de intentar resolver los conflictos mediante medios adecuados de solución de controversias (MASC) anterior a la vía judicial. A partir de ahora hay que acreditar ese intento como requisito de admisibilidad de la demanda.
¿Cuáles son los efectos de esta medida?
Existen también algunas excepciones a esta obligatoriedad, como en situaciones de especial urgencia o cuando el asunto no pueda ser solucionado a través del MASC.
Esta reforma tiene como objetivo promover la solución amistosa de conflictos, disminuir el colapso de los tribunales y buscar una justicia más eficiente.
